El director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Jorge Pérez, considera que la regulación elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) para controlar la proliferación de correos electrónicos comerciales no solicitados (spam) es la más estricta que se puede hacer.
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), aprobada en julio de 2002, prohibía el envío de e-mails comerciales si los destinatarios no habían previamente autorizado su envío.
No obstante, la Ley General de Telecomunicaciones acaba de modificar la LSSI, por lo que se permite el envío de este tipo de comunicaciones por parte de las empresas a usuarios con los que ya tuviera una relación contractual y para dar información sobre servicios o productos similares a los inicialmente contratados.
Bajo este contexto, Pérez apunta que desde el MCyT, cuando tiene que escoger entre regular o que se autorregule Internet, prefiere no regular. En la medida de lo posible es mejor que los agentes se controlen. Preferimos regular a posteriori, cuando ha surgido un problema, antes que hacerlo ex ante, intentando anticiparlo.
En la misma línea, el directivo justifica la modificación de la LSSI para adaptarse a la legislación comunitaria y admite que el problema sigue lejos de resolverse. Más del 90 por ciento del spam proviene del extranjero, porque no tienen una regulación tan estricta como la nuestra, añade Jorge Pérez.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que se ha hecho una regulación tan estricta debido a que los costes de entrada de los agentes publicitarios en Internet son prácticamente cero, puesto que basta con acumular direcciones de correo electrónico.
