AMETIC hace suya la postura de Sergi Casamitjana, director de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) de Terrassa, que considera que “corresponde al Departamento de Cultura de la Generalitat hacer una política responsable que favorezca el cine catalán y no dejar en manos de las operadoras de Internet la obtención de recursos.” La patronal insiste en que, de llegar a hacerse realidad esta tasa, tomará las decisiones y adoptará las medidas que entienda más oportunas en defensa de los interesas de sus asociados que en este caso son las compañías operadoras asociadas a AMETIC.
Igualmente, como ya han declarado las empresas que se verían afectadas, de aprobarse esta medida, iniciarán acciones legales tendentes a su anulación, lo que harán ante las instancias jurídicas correspondientes, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.
Tasa rechazada por las operadoras
La nueva tasa que se pretende, no está teniendo buena aceptación por el conjunto de las compañías operadoras con base en Cataluña, es una muestra más de cómo a este sector se le intenta obligar a incurrir en unos costes innecesarios que nada tiene que ver con la prestación de servicios en condiciones económicas rentables.
La medida anunciada por el Gobierno catalán, de concretarse, supone un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. No debe olvidarse que la imposición fiscal en el mercado de las comunicaciones electrónicas es la más elevada de todos los sectores económicos.
Un sector acorralado a impuestos
Sin entrar en un exhaustivo detalle, hay que recordar que desde el año 2002, el sector de las comunicaciones electrónicas es el que soporta mayor presión en el Impuesto sobre Actividades Económicas. También ha de hacer frente a numerosas tasas nacionales, como la tasa por operador, por numeración o por la utilización del espectro radioeléctrico, junto con las tasas locales por utilización del dominio público y financiación del coste neto del servicio universal para la prestación de servicios en zonas no rentables, a lo que se unen ecotasas medioambientales en claro incremento.
Adicionalmente, el sector soporta tasas y tributos para atender a necesidades de terceros. Destacar de entre estas tasas u obligaciones las necesarias para financiar RTVE, 0,9% de los ingresos y 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional, impuesta por la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Español; y el 5% de los ingresos audiovisuales incluidos en la Ley General Audiovisual dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española, que entendemos viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat.
El despliegue de redes de banda ancha, como bien señala la Comisión Europea, deber ser alentado por los reguladores nacionales y no penalizado como está sucediendo en España. Anuncios recaudatorios como el ahora comentado, producen el efecto contrario a lo que se debería pretender, dificultan gravemente la creación de servicios de última generación y en modo alguno ayudan a la consecución de los objetivos de la Agenda Digital para España.
