En la sociedad española actual han quedado dañados los dos pilares fundamentales del crecimiento de cualquier nación, a saber: las instituciones y el capital humano. La robustez de las instituciones está en entredicho no sólo por su criticable eficacia en la gestión de la crisis, sino también por su ansia de poder, que busca incluso anular los mecanismos creados para su control. Por su parte, el capital humano es deficiente en amplios estratos sociales porque su formación es baja e inadecuada para la economía actual, que no es otra que la economía del conocimiento.
La historia del siglo XVIII y XIX y otros ejemplos más recientes en otros países, como Corea del Sur o la Alemania del canciller Schröder en los años noventa, han demostrado sin lugar a dudas que mayores cuotas de liberalismo económico y de libertad y creatividad individual han generado crecimiento y riqueza, ¿Por qué entonces no se suma España a esta tendencia? La respuesta es sencilla: obligaría en la práctica a una importante reorganización del estado, empezando por que el poder se limite a sí mismo, en pos siempre de un bien superior. La receta, a mí entender, sería atacar ciertos cambios en tres puntos clave del sistema: los organismos reguladores y la justicia, la educación y la organización política.
En primer lugar habría que incrementar la independencia de los organismos reguladores y la justicia para asegurar que los mercados funcionan. Inevitablemente esto obligaría a limitar ciertos monopolios cuya frontera con el poder es poco clara e incluso inexistente. También requeriría modernizar la administración de justicia para hacerla más rápida y eficiente. Las TIC tienen mucho que aportar en este sentido.
En segundo lugar, cambiar el sistema educativo para que todos los españoles puedan competir en la moderna economía, que se basa en el conocimiento y en la diferenciación, con un campo de juego mundial y no sólo local, como era antes. En la actualidad, las universidades españolas no producen conocimiento válido para el trabajo creativo y abstracto, pero dada su importancia para el poder regional, permanecen sin cambio desde hace décadas.
En tercer lugar, cabría abrir el sistema político para que cualquier buen gestor o persona con inquietudes pueda representar a los ciudadanos, y no sólo los políticos de profesión, que actualmente sirven prioritariamente al aparato del partido, entre otras razones porque las listas son cerradas.
Modernizar la economía requiere, como bien saben nuestros líderes, modernizar el mercado de trabajo, la educación, los organismos que controlan la competencia y la administración de justicia para que ésta sea independiente, rápida y eficiente. El mayor generador de valor que existe son precisamente las TIC, que pueden ayudar a nuestras administraciones a ser eficientes y rápidas en el servicio al ciudadano y a generar unos mercados competitivos y rentables en los que nuestras empresas puedan competir ventajosamente para poder crear empleo bien remunerado y estable.
¿Es posible un cambio en nuestro país? Lo es, ya lo hicimos en la Transición e incluso recientemente, por ejemplo en el campo del deporte donde España ha sabido fomentar la excelencia, con espectaculares resultados que nos llenan a todos de orgullo. La alternativa es un derrumbe general como el griego o el que vivió Italia en 1990.
España debe realizar una transición hacia una economía del conocimiento, una economía transparente y competitiva en la que el mérito, el trabajo y la innovación sean el único camino hacia la riqueza y el éxito social. España necesita un modelo de desarrollo más humano, más libre y más eficiente para un crecimiento sostenido.
