A la vista de la regulación de la denominada ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’, la decisión de Google parece lógica y legítima. De nuevo, hemos sido testigos de una reforma de la LPI realizada de forma improvisada, sin alcanzar el debido consenso y utilizando una deficiente técnica legislativa. En el caso de la ‘tasa Google’, que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2015, estas carencias se hacen especialmente patentes, ya que una parte importante del sector (asociaciones sectoriales y medios) está radicalmente en contra de esta medida legislativa, por suponer una limitación a circulación y acceso a la información.
Uno de los principales escollos de la reforma es el carácter irrenunciable remuneración, ya que los editores no pueden -aunque así lo deseen- renunciar al cobro de esta compensación establecida por Ley. Este carácter irrenunciable va a ser un importante obstáculo para alcanzar un futuro entendimiento entre Google y los editores, tal y como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno como Alemania, Bélgica o Francia. Por ejemplo, en el caso de Alemania, tras una reforma legal de similares características llevada a cabo el año pasado y diversos contenciosos entre Google y editores, algunos medios han llegado a acuerdos puntuales con el conocido buscador, por los que autorizan la puesta a disposición de titulares de noticias con carácter gratuito.
En síntesis, la decisión de Google no hace más que escenificar el desencuentro que se produce -una vez más- entre el legislador español y la realidad del mercado e Internet.
