El Servicio de Informática Judicial ha jugado un papel clave en el desarrollo del Plan de Informatización de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco desde que éste se iniciara en 1990. Ya en ese año y hasta 1995 se ejecutó la primera de las fases de este Plan, esto es, el Plan de Informatización Integral de la Administración de Justicia (PIAJ). A través del PIAJ se estructuraban a su vez otras tres fases perfectamente diferenciadas; en la primera de ellas se abordó el suministro de equipos informáticos a las capitales de provincia del País Vasco, lo que facilitó la implantación de la Aplicación Judicial de Expedientes como gestor documental y herramienta esencial en la tramitación judicial.
Posteriormente y en un segundo estadio, se amplió la dotación de equipos al resto de las jurisdicciones informatizando todos los servicios comunes; se sentaban así las bases para la tercera fase, que cubría el servicio de información documental dirigido a jueces y magistrados para el acceso a bases de datos de Jurisprudencia, tanto propia como de organismos externos. De ahí se derivaría igualmente la homogeneización de criterios con la creación de las comisiones de normalización de documentos y trámites procesales.
Este Plan encontró su continuidad, entre 1996 y 1999, con el Plan de la Informática Judicial (PINJ), que supondría un salto cualitativo en el uso de las nuevas tecnologías a este ámbito administrativo. Para ello, se acometió el desarrollo de nuevas aplicaciones en entorno cliente/servidor, optimizando tanto la infraestructura tecnológica como el capítulo de las telecomunicaciones. Surgen así aplicaciones como Puesto del Juez, la Agenda del Instituto de Medicina Legal, el Sistema de Gestión de Justicia gratuita, el Sistema de Información o la aplicación de Gestión de Personal, destinada a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Adicionalmente, se mejoró la Aplicación Judicial instalada en las oficinas de los catorce partidos judiciales, saltando hasta la versión 5.0 que incluiría un buen número de mejoras recogidas de la experiencia de su uso por parte del funcionariado, así como las necesarias para cumplir el primer nivel del Test de Compatibilidad definido por el Consejo General del Poder Judicial. El compromiso con las TI por parte del Gobierno era firme, hasta el punto de crear una Comisión Mixta de Seguimiento del Plan Informático de la Administración de Justicia.
Los últimos años (2000-2005) han venido protagonizados por el Plan de Informática y Telecomunicaciones Judiciales (PITJ), específicamente dirigido al fortalecimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones implantados con los anteriores planes, incluyendo una reorganización y reestructuración del área de atención a usuarios.
La interoperabilidad ha sido una de las grandes preocupaciones por parte de la consejería de Justicia, impulsando el Test de Compatibilidad alcanzando el nivel 2- y trabajando de manera conjunta con el ministerio de Justicia y otras Comunidades Autónomas en materia de intercambio de información. A ello es preciso unir las cooperaciones con la Policía Judicial y las Instituciones Penitenciarias, habiendo desarrollado los medios telemáticos y los aplicativos necesarios para realizar las comunicaciones informáticas con la Ertzantza, las bases de datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las consultas de antecedentes penales.
La interoperabilidad ha sido una de las grandes preocupaciones por parte de la consejería de Justicia, habiendo alcanzado ya el nivel 2 del Test de Compatibilidad definido por el Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo y desde 2001, los esfuerzos del Servicio de Informática Judicial también se han centrado en reprogramar la Aplicación de Justicia para su modernización. No en vano, con el código anterior resultaba compleja la unificación con el resto de los aplicativos desarrollados desde el inicio de los planes. En la actualidad, el Servicio se encuentra en pleno proceso de implantación de la nueva aplicación, si bien es cierto que dada la criticidad de la misma, conviven en paralelo tanto el sistema antiguo como el moderno.
En este contexto, el Gobierno Vasco ha confiado en la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Azertia e Ibermática, en un contrato valorado en 5,8 millones de euros, para cubrir los servicios técnicos necesarios para garantizar el funcionamiento del Sistema Informático Judicial, esto es gestionar y operar el ciclo de vida de sistemas de información, aplicaciones y plataformas tecnológicas existentes.
En la actualidad, la infraestructura tecnológica de la Justicia vasca se distribuye en tres centros de explotación, situados en los partidos judiciales de las capitales de provincia. Estos centros son gestionados por personal del servicio de Sistemas y un área de explotación centralizado en Vitoria, la cual proporciona el soporte necesario a los restantes centros de explotación.
La conexión de los partidos judiciales que no se ubican en Bilbao, San Sebastián o Vitoria, se encuentran conectados a sus respectivas capitales de provincia a través de redes de comunicaciones WAN, por medio de las cuales acceden a la base de datos provincial.
Desde la óptica más técnica, la informática judicial presenta como denominador común el tándem compuesto por el sistema operativo HP-UX y la base de datos Oracle, con la excepción del entorno .Net en el que se conjugan los sistemas Windows 2000 y XP. En la informática más core del Sistema, se distinguen dos entornos bien diferenciados: J2EE y .Net.
La consejería de Justicia cuenta con un Centro de Atención a Usuarios (CAU) llamado DEITU, con el que se establece la política de distribución de las licencias para servidores, clientes, nominales o concurrentes, así como todas las actualizaciones de software. Este CAU está basado en la herramienta ARS Remedy, en su versión 5.1, si bien es cierto que entre los planes a corto plazo se encuentra la migración a la versión 6. Aunque la herramienta funciona indistintamente en entornos Unix y Windows, tanto con Oracle o MS SQL Server, en la actualidad se ejecuta en un servidor Windows NT, con múltiples integraciones con otros productos informáticos a sus espaldas.
Es precisamente desde este entorno desde el que se gestionan todas las incidencias y problemas -incluyendo en este apartado las incidencias multisoporte, así como el sistema de prioridades. La solución dispone de acceso remoto desde todos los soportes internos como externos.
Este centro pasará también a ser competencia de la UTE Azertia/Ibermática, gestionando todas las incidencias recibidas por teléfono, mail u otros medios, con un único punto de contacto, con el objetivo de resolución del 80 por ciento de la totalidad.
Paralelamente y dentro del Proyecto para el Sistema Informacional del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se encuentra el objetivo de implantar un sistema de análisis que actúe como base para la toma de decisiones. Dado el estado de la informática y la interrelación conseguida entre los diferentes organismos participantes en este ámbito, el volumen de información al que hay que hacer frente es ingente. Con el nuevo sistema se persigue asentar los cimientos de un sistema de gestión del conocimiento, que no sólo favorezca el cumplimiento de los objetivos estratégicos sino, además, simplificar al Tribunal Superior de Justicia la gestión de las oficinas judiciales apoyándose para ello en información objetiva.
Sin embargo, para conseguir este sistema Datamart es preciso integrar y extraer los sistemas actuales de gestión procesal de la Administración de Justicia del País Vasco y los sistemas estadísticos del Consejo General del Poder Judicial.
