Sistemas GPS y de radiofrecuencia para la violencia de género

Con una inversión inicial de cinco millones de euros, estos 3.000 dispositivos GPS para el control de las medidas de alejamiento en los casos de violencia de género estarán disponibles para todas las CC.AA. y para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Elmo-Tech, empresa especializada en el desarrollo y la fabricación de sistemas electrónicos de vigilancia para aplicaciones de cumplimiento de la ley, ha sido la adjudicataria de este proyecto. La iniciativa que emplea las soluciones telemáticas para proporcionar un mayor control sobre las medidas de alejamiento impuestas a los agresores. Estos sistemas de seguimiento en tiempo real permiten verificar el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento de la víctima, impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género. Igualmente, proporciona información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de dichas medidas, así como de las posibles incidencias tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los elementos de vigilancia utilizados, dando respuesta individualizada a cada una de ellas.
En líneas generales, se trata de dos dispositivos: un brazalete con alcance de radiofrecuencia; y una unidad GPS, que permite emitir y recibir datos así como facilitar la comunicación con el agresor y el centro de control sin necesidad de un teléfono móvil. Estos equipos permiten localizar exactamente desde el centro de control tanto a la víctima como al agresor y comunicar desde el mismo con ambos. Además, se posibilita el cumplimiento exacto de la orden de alejamiento, ya que al incorporar GPS a la víctima se puede observar con minuciosidad la zona de exclusión en la que no puede entrar el agresor.
En la presentación de estos dispositivos electrónicos Francisco Caamaño, ministro de Justicia, ha mencionado que, “la utilización de pulseras telemáticas supone un cambio muy significativo de la justicia cautelar, que tradicionalmente ha sido concebida como un mecanismo destinado a conjurar el riesgo de fuga del imputado. Acuerdos como éste contribuyen a situar a la Administración de Justicia española en el lugar que sus ciudadanas y ciudadanos se merecen”.