El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que actualiza la normativa vigente de 2003 y quiere contrarrestar algunas cuestiones que supuestamente afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, penalizando el despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios.
De acuerdo al Gobierno, se trata de una reforma estructural profunda para proporcionar mayor facilidad para el despliegue de redes por los operadores y facilitar la extensión de la banda ancha. El objetivo será impulsar la economía digital; en tanto que los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes.
El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, pone en agenda esta nueva reforma estructural con la que fomentar la competitividad, crear empleo y afianzar inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones. Estas podrían ascender a 25.000 millones de euros en los próximos años.
Principales modificaciones
Las principales novedades que presenta el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones son:
-Recupera la unidad de mercado en materia de telecomunicaciones estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones territoriales que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.
-Impulsa una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones y eliminando cargas administrativas innecesarias.
-Introduce medidas que permiten el acceso a las redes de operadores de otros sectores como el del gas, la electricidad o el transporte en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes. Medidas alineadas con las propuestas de la Comisión Europea en la Guía de la Unión Europea para las inversiones en Banda Ancha de Septiembre de 2011.
–Elimina distorsiones de la competencia para garantizar igualdad de trato por parte de las administraciones a todos los operadores al fijar condiciones estrictas a los operadores públicos.
-En materia tributaria se hacen ajustes en la tasa general de operadores de telecomunicaciones.
