Como prestadora de servicios a los ciudadanos, la Administración Pública debe velar por la implantación de sistemas de gestión de calidad, y también para el software, un intangible debe contemplarse como un activo de primer nivel las instituciones públicas (tanto como en el sector privado) “porque a día de hoy no es posible soportar procesos de negocio sin algún tipo de automatización”, asegura Ramiro Carballo, presidente del Comité de Software de la Asociación Española para la Calidad, entidad que ha reunido a distintos representantes de la Administración Pública para tomar el pulso a un segmento que, por su singularidad, no permite visualizar con claridad el valor que el software aporta a una organización y, lo que es peor, imposibilitando la cuantificación del impacto que supone la puesta en marcha de proyectos de desarrollo de software diseñados incorrectamente (sin metodología, llámese CMM, CMMi o SPICE), lo que repercute en la realización de las funciones previstas, además de otros factores como el incumplimiento de presupuestos o plazos.
En calidad de jefe del Servicio de Desarrollo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mª Victoria Aparicio, abría el debate para asegurar que “en los pliegos se incorporan cada vez más requisitos respecto de la calidad, pero que normalmente no existen revisiones de su cumplimiento”. Juan Bautista Pérez Minguez, jefe del Centro de Calidad del Servicio CCEA del Ministerio de Defensa, comentaba, tomaba la palabra para asegurar que “aunque por la actividad propia de Defensa se tiende a comprobar qué se usa, tanto en software como en el resto de las TIC, hay capítulos que son muy difíciles de verificar porque no están claras las formas de medir”. En tercer lugar, intervenía Alfonso Castro, subdirector general de Aduanas e Impuestos Especiales del departamento de Informática Tributaria de la AEAT, se mostraba convencido de que “la Agencia Tributaria es un caso singular dentro de la Administración porque rara vez se externalizan proyectos, y solo se cuenta con apoyos puntuales, por lo que rara vez tenemos pliegos con cláusulas de calidad”.
Destacando la importancia de “gestionar el requisito eficazmente”, Fernando Arboledas, director de relaciones institucionales de ICM-Organismo Autónomo de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, exponía, por su parte, que el ICM acomete desarrollos de software propios y también subcontrata, pero normalmente hacen ellos mismos el mantenimiento de sus aplicaciones. “En la CM exigimos mucho en los pliegos pero es una caja negra hasta que vemos los resultados. Durante el proceso no podemos saber nada, estamos cautivos del proveedor”. Aseguraba el directivo que “pretender un nivel 5 de calidad es un esnobismo, porque no lo tiene nadie”, aunque no falta quien lo exige. Finalmente Luis de Eusebio, subdirector general de coordinación del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), indicaba que “el MAP ha liderado la implantación de Métrica, que es el modelo que se exige, y que no suele cumplirse en global, sí por subconjuntos”.
Opina el subdirector que la Administración debe ser tractor de cómo se deben hacer las cosas y también en materia de calidad. De hecho, comenta, que “los planes de garantía de calidad pueden decidir un concurso” y reconoce que actualmente el índice de externalización es altísimo (más de la mitad del personal es ajeno), lo que puede suponer perder el control de los desarrollos de software.
Castro recuperaba la palabra asegurando que, “en lo que es explotación de la información, en la Agencia Tributaria queremos elevar nuestra conformidad con ITIL y saber cómo estamos respecto al modelo”. Aparicio defendía que hay que partir de un marco que regule cómo se van a desarrollar los procesos en cada organización pero reconocía que “aunque en la Seguridad Social la normativa de programación existe desde hace años, había quien no lo sabía, lo que se resolvió con un portal de documentación que es la vía de comunicación entre los diferentes equipos de trabajo”.
“El coste de la no calidad del software es la ineficacia”, de acuerdo con de Eusebio, quien atribuía precisamente a aquella el `boom´ de la seguridad tanto física como lógica. El subdirector reconoce que “la Administración sigue considerando la calidad como un gasto (documentar, mantener) y que por ello, en lugar de mantener lo ya existente, se opta por acometer nuevos desarrollos de software, algo que se contabiliza en el capítulo de inversión”.
Con datos en la mano, Juan Bautista Pérez aseguraba que el 60 por ciento del software que se desarrolló en el año 2002 fue inútil y eso es, para él, no calidad.
