Tan sólo el 36 por ciento de las empresas europeas utilizan sistemas de facturación y archivo electrónico a pesar que hace ya dos años de la entrada en vigor de la directiva europea en esta materia, según una encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers entre 108 compañías pertenecientes a diez países de la UE -República Checa, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Polonia, España, Suecia, Suiza, Francia y Holanda.
Así, son muy pocas las empresas que disfrutan de las ventajas de este tipo de sistemas: incremento de la eficiencia (71 por ciento), ahorro de costes (61 por ciento) y una mayor rapidez en los pagos (38 por ciento), entre otras.
En base a esto, el estudio revela que todavía existe un largo camino por recorrer entre las compañías comunitarias. De hecho, llama la atención que el 38 por ciento de las empresas que ya realizan la facturación electrónica mantengan todavía en paralelo la facturación tradicional en papel; una situación que si no se gestiona correctamente puede acarrear serios problemas en el pago del IVA.
En lo que respecta a las barreras para realizar la facturación electrónica, el informe revela que las principales son: la incompatibilidad con los sistemas de los clientes (35 por ciento), la falta de unos sistemas internos adecuados en las empresas (30 por ciento) y la alta inversión económica que requiere (24 por ciento).
Igualmente, los departamentos financieros (85 por ciento), de Tecnologías de la Información (79 por ciento) y fiscales (43 por ciento) son los principales implicados en este proceso. Según el estudio, las empresas que ya han desarrollado sus sistemas de facturación electrónica están satisfechas con el control de costes (60 por ciento) y con el cumplimiento normativo (57 por ciento). Sin embargo, se encuentran menos satisfechas con la velocidad de implementación (15 por ciento) y con la falta de compatibilidad con los clientes (9 por ciento)
Para Alberto Monreal, director de Impuestos Indirectos de Landwell-PwC,
</em>En enero de 2004 todos los países de la UE deberían haber transpuesto a sus legislaciones nacionales la directiva europea sobre IVA de 2001, donde se recoge la necesidad de simplificar y modernizar los sistemas de facturación y archivo de facturas.
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