Con ocasión del decimoquinto aniversario de COMPUTING, se me pide que redacte unas breves líneas sobre la evolución de la e-Administración en estos últimos años. Me viene a la memoria una tarde de septiembre de 2000, en Zermatt, durante la Convención Microsoft. Allí, Rosendo Reboso, entonces viceconsejero de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno de Canarias, Alfonso Garrido, director general de Organización de la Junta de Andalucía, y quien esto escribe, comentábamos sobre la necesidad de coordinarnos entre las distintas Comunidades Autónomas con el fin de intercambiar experiencias y, por qué no decirlo, también sistemas y productos.
Impulsada por Rosendo, se celebraron en Tenerife las I Jornadas de Administración Electrónica. Las Comunidades Autónomas Asistentes acordaron formalizar dichas reuniones con participación de la Administración General del Estado que debería asumir la coordinación de las sesiones. Desde aquel momento, las Comunidades Autónomas vinieron insistiendo en la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre las Administraciones para conseguir, no sólo un abaratamiento de los costes de implantación de las nuevas tecnologías -que también-, sino muy especialmente la integración de la información y los servicios a través de la mejora de las relaciones interadministrativas por vía telemática. Fruto de aquellas reuniones, fue el alumbramiento años después -y no sin fuertes tensiones entre el Ministerio de Administraciones Públicas y las Comunidades Autónomas-, del Proyecto de Ley para el acceso de los ciudadanos a la Administración Electrónica, que debería haber alcanzado plena vigencia el 1 de enero de 2010.
La publicación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, hace urgente la definición de políticas que faciliten el intercambio de información, experiencias y la compatibilidad entre los sistemas utilizados por las organizaciones públicas y la integración y agregación de los servicios que reciben los ciudadanos en el conjunto del Estado teniendo en cuenta:
– Que las demandas de los ciudadanos en cuanto a los servicios y a la calidad y accesibilidad a los mismos, son prácticamente homogéneas en todo el Estado Español, cualquiera que sea la forma de organización, centralizada o descentralizada, que los preste.
– Que pese al cada día mayor peso del ámbito competencial autonómico, -casi el 80% de la Administración está ya transferida-, prácticamente en el 70% de los procesos gestionados por las Comunidades Autónomas, aún interviene más de una Administración y en más del 30%, las tres Administraciones.
– El desarrollo y la implantación de las redes de comunicación y la extensión de las tecnologías de la información y las comunicaciones que se haya venido haciendo en sus respectivos territorios en función de las demandas y su previsión de futuro.
Estamos ante una situación en la que los ciudadanos tenemos derecho a identificarnos bajo tal condición en todo el Estado, lo que conlleva la obligación de las Administraciones de responder con agilidad, eficiencia y eficacia a sus demandas como destinatarios de servicios socialmente tan sensibles como la Asistencia Sanitaria, la Seguridad Social, la Educación o, pongo por caso, las relaciones con la Administración de Justicia.
Por ello, es ineludible en primer lugar, que las Administraciones Públicas, además de desarrollar sus infraestructuras y sistemas de comunicación en la línea que consideren más adecuada, manifiesten de manera inequívoca su voluntad política de querer colaborar y compartir su propia información facilitando un intercambio fluido entre las diferentes organizaciones. En segundo término, es preciso que definan e implanten instrumentos uniformes o compatibles, -y no sólo el DNI electrónico-, que permitan la identificación de los ciudadanos ante las distintas Administraciones Públicas en todo el territorio del Estado y, por último, que se establezcan elementos comunes para el mutuo reconocimiento y validez de las decisiones adoptadas a través de los diferentes procedimientos y prestaciones gestionados mediante sistemas electrónicos.
Hay que reflexionar sobre el marco peculiar en que se desarrollan las relaciones de cada Administración con los usuarios y, consecuentemente, sobre las actuaciones que en el marco político-institucional del modelo autonómico deben establecerse entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y entre éstas y las Administraciones Locales dentro del marco europeo. En definitiva, hay que impulsar proyectos que faciliten un notable incremento en la eficacia, en la eficiencia y, muy especialmente, en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Eso y no otra cosa, buscábamos aquella ya lejana tarde en Zermatt, mi duda está en si ese es el camino que hoy seguimos.
