Coyuntura económica

Mientras España se colocaba en el punto de mira de los inversores internacionales ante el riesgo de necesitar, como Grecia e Irlanda, un rescate –con una prima de riesgo que alcanzaba en noviembre sus máximos históricos y una deuda que se encarecía más de un 90%–, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, seguía manteniendo, en una entrevista a finales de noviembre con la cadena de televisión norteamericana CNBC, que nuestro país volverá a crecer en 2011 y alcanzará ya una fuerte expansión en 2012 y 2013. La mayoría de los analistas coinciden en que en 2010 “no se han hecho los deberes” y se ha dejado pasar un tiempo precioso para afianzar la posición necesaria para dejar definitivamente atrás la recesión y la crisis.

Después de un 2009 “miserable” para una gran parte de los españoles –como lo calificó The Economist–, el año que termina nos deja unas cifras no menos desoladoras que las del ejercicio precedente: una tasa de desempleo superior al 20% (dos puntos por encima del cierre del año pasado); un Producto Interior Bruto (PIB) que no termina de arrancar, pese al espejismo que fue la ligera subida de dos trimestres, y que al cerrar el año todavía en negativo convierte a España en uno de los cuatro países (con Grecia, Irlanda e Islandia) entre los 33 miembros de la OCDE, que mantienen en rojo su PIB; la mayor caída del consumo privado de la historia (2,6 puntos en hogares y 9,4 en la inversión en bienes de equipo en el tercer trimestre), a causa de la subida del IVA; y un déficit público equivalente al 9,3% del PIB en 2010, según estimaciones del Ministerio de Economía, dos puntos menos que el año pasado, pero lejos todavía de los objetivos del 3% para finales de 2013, por debajo del umbral comunitario del Pacto de Estabilidad, según lo aprobado por la Comisión Europea y los Veintisiete.

Sin embargo, el Gobierno español ha visto en 2010 las orejas al lobo: en abril, Grecia firmaba un acuerdo con la UE junto al FMI para obtener un préstamo trianual por un total de 110.000 millones de euros y así evitar su quiebra pudiendo reducir su déficit fiscal por debajo del 3% del PIB en 2014, además de una reducción del gasto público de 30.000 millones hasta 2014. El segundo rescate de un país comunitario, Irlanda, vendría en noviembre, que supondrá un coste de otros 100.000 millones de euros por el sobredimensionamiento de su sistema financiero y su deuda. Sin embargo, la vicepresidente del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, declaraba en una entrevista en Punto Radio a finales de noviembre que “España no corre riesgo de tener que ser rescatada. Nuestra economía es muy distinta a la de Grecia o a la de Irlanda y tenemos un sector financiero sólido, regulado y supervisado por el Banco de España”.

No todos lo creen así. A finales de noviembre, la prima de riesgo (la diferencia entre lo que paga Alemania, el socio más solvente de la UE, y lo que paga otro país de la zona euro para financiarse), alcanzaba en España el nivel más alto desde la creación del euro, 311 puntos, apenas dos meses después de que el presidente Zapatero declarase en una entrevista con The Wall Street Journal que “la crisis de deuda ha terminado”. Y aunque la situación no ha sido tan dramática como para necesitar un rescate, todo dependerá de la percepción de riesgo que tengan los inversores, que son quienes compran la deuda que emite nuestro país. No hay que olvidar que España tiene que hacer frente en 2011 a vencimientos de deuda de casi 130.000 millones de euros. Solo en intereses, se irán más de 38.000 millones en los próximos dos años. Un rescate de la economía española, por su tamaño (se calcula que superaría los 420.000 millones de euros) podría ser inasumible y tener consecuencias impredecibles para la zona euro.

El propio Banco de España ya advirtió en noviembre que “a veces las profecías se cumplen”, en referencia a que la posible expectativa de un rescate, aunque sea improbable, es capaz de dañar y encarecer la financiación de un país, convirtiéndose en una especie de temor que se retroalimenta hasta hacerse realidad. Además, el alto nivel del paro, por encima del de Irlanda o Grecia por ejemplo, es un riesgo añadido y particular del caso español.

Inquietud en los mercados
La sola perspectiva de tener que afrontar un rescate en una economía que duplica la suma de las de Grecia, Irlanda y Portugal (el otro país en la cuerda floja), estremece los mercados, que viven con una sensación permanente de peligro, con la consiguiente retracción de la inversión. En el de renta variable, el Ibex 35 empezó el año en máximos históricos, por encima de la cota de los 12.000, y a lo largo del año ha llegado a perder más del 25%. Solo después de que a primeros de diciembre el Banco Central Europeo tranquilizase a los mercados de deuda al comprar endeudamiento de Irlanda y Portugal, el selectivo de la Bolsa española logró remontar a entornos de los 10.000.

Las tensiones que azotan los mercados financieros en torno a las dudas sobre la solvencia del país provienen de tres focos de incertidumbres: en primer lugar, los precedentes de Grecia e Irlanda, que han tenido que ser rescatados, no dan mucha confianza respecto a la evolución de otros países; en segundo lugar, el retraso de algunas reformas anunciadas, como la del sistema de pensiones también crea incertidumbres; y por último, el hecho de estar en el euro hace que España pague el desequilibrio que genera la caída del dólar en el crecimiento mundial. Aunque nuestro país, como importador, se beneficie directamente de una moneda comunitaria fuerte, Alemania, motor económico de la UE, resulta perjudicada y eso no es bueno para Europa ni para España.

&nbsp; No obstante, lo cierto es que no es previsible que España llegue a una situación en la que no pueda pagar su deuda, que no es tan alta como por ejemplo como la de Italia (120% de su PIB, frente al 60% de España), gracias al colchón de casi 40.000 millones de euros que maneja el Tesoro. La deuda de Grecia y la de Irlanda superaban el 8% de rentabilidad cuando se decidieron ambos rescates mientras que la de España se ha mantenido sobre el 5%, un nivel alto (el mayor desde 2002) pero el mismo que se ha pagado durante algunos de los últimos años. Además, su mayor tamaño le puede permitir el recurso de recortar de muchas partidas. Otra cosa es que el encarecimiento de la financiación va a disparar con toda seguridad los costes financieros del Estado.
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Y es que el año 2010 no ha servido para realizar los ajustes adecuados y poner al país en la senda del crecimiento, como se había anunciado. Acuciado por la presión de los mercados financieros, el Ejecutivo ha acometido durante el año dos paquetes de medidas económicas sin la decisión y profundidad que habría sido esperable: uno en mayo, y otra en diciembre, que han sido consideradas insuficientes. En primavera, el Gobierno anunció la reducción de los sueldos de los funcionarios en un 5% de media y su congelación en 2011 y la rebaja de un 15% del de los miembros del Gobierno; la congelación de las pensiones para 2011; la eliminación de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento a partir de 2011; la reducción de la ayuda oficial al desarrollo en 600 millones y de la inversión pública en 6.045 millones entre 2010 y 2011; y el ahorro de 1.200 millones de euros en Autonomías y Ayuntamientos.

Luego, ante el hundimiento de la bolsa y el crecimiento de la prima de riesgo al que se estaba asistiendo en la mitad del último trimestre del año, el primer consejo de ministros de diciembre aprobó una reducción de impuestos para las pymes, así como la eliminación de la cuota obligatoria a las Cámaras; la supresión de la ayuda de los 426 euros a los parados de larga duración (que supondrá un ahorro de unos 1.000 millones); y la privatización parcial de Aeropuertos Nacionales (Aena) y Loterías y Apuestas del Estado, que generará un ingreso conjunto de 14.000 millones de euros, todo lo cual permitirá cumplir el objetivo de déficit para el próximo año y dejarlo en el entorno del 6%. Precisamente durante el mes de noviembre el Ejecutivo había recibido sendos tirones de orejas tanto desde el FMI como desde Bruselas advirtiendo de que España no podría cumplir el objetivo del déficit en 2011.

Estancamiento, desconfianza y desempleo
Sin embargo, a finales de año se detectaba una falta de actividad y de modelo de crecimiento que provocó el retorno al estancamiento. El empleo sufría una regresión de casi 300.000 puestos de trabajo entre noviembre de 2009 y el mismo mes de 2010, y el crecimiento del PIB entre enero y junio realmente no solo no indujo creación de empleo, sino que conllevó una pérdida de 110.000 puestos de trabajo. En el tercer trimestre se volvió a estancar el crecimiento, con una reducción de tres décimas, hasta el cero, respecto a los tres meses precedentes, tras desaparecer los efectos del calentamiento del consumo por el adelanto de las compras ante la subida del IVA. Si sumamos además los impactos de las medidas de mayo como la reducción de la inversión pública y de los sueldos de los funcionarios y el efecto del anuncio de la congelación de las pensiones, además del final de las ayudas a la compra de coches, no es extraño que se produjera una bajada del consumo en el tercer trimestre no solo superior al alza entre enero y junio, sino que, con 2,6 puntos negativos en el gasto familiar y el 9,4 en el de las empresas, es la mayor caída de la historia. En los diez primeros meses del año, la actividad de los comercios al por menor (el barómetro del consumo, que supone tres cuartas partes del PIB español) descendía un 1,5%, un retroceso que se suma al acumulado desde finales de 2008.

La contracción del consumo es coherente con el pesimismo con que los españoles perciben la economía. Solo el 4% de los 5.000 encuestados en un estudio realizado por la revista Eroski Consumer en noviembre aseguraba estar mejor que el año anterior, frente a un 42% que reconocía haber empeorado. Además, el 44% de los hogares no logra ahorrar un solo euro y el 13% ni siquiera llega a fin de mes y tiene que recurrir al dinero guardado, a ayudas familiares o préstamos bancarios. La confianza en el próximo futuro no es muy alta ya que solo el 8% de los entrevistados cree que las cosas le irán mejor en 2011.

No es de extrañar la falta de confianza teniendo en cuenta que el paro tampoco termina de tocar fondo. Tras un segundo trimestre en el que el desempleo total se había reducido, en el verano volvió a cambiar la tendencia y continuó creciendo hasta los 4,11 millones de personas, lo que supone más del 20% de la población activa de España, cifrada en 23 millones de trabajadores. Lo más grave es que la destrucción de empleo ha sido muy elevada, con cinco meses consecutivos de caída de afiliados a la Seguridad Social, regresando a cotas de 2005. Así, se puede decir que casi la mitad de las personas que perdieron su trabajo no se apuntaron en las listas del antiguo Inem como demandantes de empleo, debido al desencanto de muchos de ellos ante la perspectiva de que, aunque se inscriban, no van a encontrar empleo porque la situación no ha mejorado. Si se registraran todos, el número total de parados sería superior.

Pero la nota dramática la pone el dato aportado por el Banco de España a finales de año de que cuatro de cada diez desempleados residen en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja. Los parados que viven en hogares donde nadie tiene empleo representan aproximadamente el 8% de la población activa española, un porcentaje similar a la tasa de desempleo de muchos países de la zona del euro.

Reformas pendientes
En lo que coinciden todos los expertos es en la urgencia de acometer las reformas pendientes por parte del Gobierno español si quiere evitar el acoso de los mercados. A mediados de noviembre, el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, afirmó que el Gobierno debía despejar cuanto antes las dudas sembradas sobre su situación, y desde la propia Comisión se urgía a España a “vacunarse” contra la huída de los inversores de la deuda pública “reforzando su credibilidad” con nuevas medidas de ajuste para eliminar la incertidumbre de que cumplirá el objetivo de reducir al 6% el déficit en 2011. La clave: reformar las pensiones (lo que está previsto para el 28 de enero, según ha anunciado el Gobierno) y la Seguridad Social, contener el déficit de las Autonomías y acelerar la reestructuración de las cajas de ahorros. Solo así España podrá alejarse del “ojo del huracán” y prevenir el contagio cada vez que caen otros países del entorno.

Los mercados parecen haber percibido que el Ejecutivo se ha relajado en la acometida de estas reformas por el coste político que pueden suponer, que ya advirtieron con las medidas de recorte anunciadas en mayo tras el rescate griego, como la bajada del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones. De hecho, el Gobierno sufrió su primera huelga general, el 29 de septiembre, por causa de la reforma laboral aprobada unos días antes en el Congreso, y el anuncio del retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y aunque no tuvo el éxito que los sindicatos esperaban, sí supuso un revés en la popularidad para Zapatero. Medidas como el abaratamiento del despido, mediante la generalización del contrato con indemnización de 33 días o la posibilidad de despedir con 20 días cuando una empresa tenga pérdidas, y el mayor control sobre los trabajadores y desempleados, recogidas en la reforma laboral, no fueron bien recibidas por los sindicalistas.

En cuanto a la reforma de las pensiones, según ha asegurado el propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se tiene que centrar en alargar la vida laboral, aumentar el cómputo para el cálculo de la prestación y reducir las prejubilaciones. Lo que está claro es que, como ha señalado la Unión Europea en un informe respaldado por el Ecofin (el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE), no podrá limitarse al aplazamiento de la jubilación, algo que parece en cualquier caso necesario por el envejecimiento de la población: España, el país con la segunda esperanza de vida más alta del mundo, tendrá dentro de treinta años el doble de pensionistas que hoy. No basta, pues, con prolongar la vida laboral y retrasar la jubilación, sino que hay que reformar el mercado laboral y adoptar medidas

Subidas de impuestos 
Lo que sí ha acometido con más decisión el Ejecutivo ha sido la política de subida impositiva. En mayo, aprobó la más polémica de las medidas hasta el momento: el incremento del IVA del 16% al 18% en el tipo general y del 7% al 8% en el reducido, un aumento que supondrá una mayor recaudación de 5.150 millones más hasta 2012. Un año antes, el pacto entre PSOE e IU para la subida de impuestos a las rentas altas incluyó otras medidas como la revisión de la deducción de los 400 euros, la revisión del ‘cheque bebé’ (posteriormente suprimido) y el coto a los privilegios fiscales a los futbolistas extranjeros. También se ha incrementado el impuesto sobre el capital, que grava aquellas partidas que proceden de dividendos, intereses y las plusvalías de la venta de acciones, y que terminó con la deducción de 400 euros en el IRPF.
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Finalmente, otra de las medidas para aumentar los ingresos del Estado ha sido la subida de los impuestos especiales. En junio de 2009 ya se encareció el precio de la cajetilla de tabaco más vendida de 3,10 a 3,29 euros (con el objetivo de recaudar 1.220 millones de ingresos extra), y se incrementaron las tasas de hidrocarburos 2,9 céntimos por litro, tanto para la gasolina como para el gasóleo, obviando los usos profesionales. Y en diciembre de 2010 se aprobó una nueva subida del tabaco con la que se pretende recaudar hasta mil millones de euros.

Y no se trata de las únicas subidas, ya que están previstas nuevas alzas fiscales en los llamados impuestos especiales (que incluyen alcohol y carburantes) por si fuera necesario, y Hacienda dispone de informes sobre el impacto recaudatorio que podrían suponer incrementos del tramo reducido del IVA.

Los únicos que han salido bien parados de la política impositiva del gobierno socialista han sido las pymes, que se beneficiarán de una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades, con una ampliación de la base imponible para las empresas que tributan al tipo reducido, desde los 120.000 euros actuales de beneficio hasta los 300.000 euros y de la definición de empresas de tamaño reducido, elevándose de 8 a 10 millones de euros el umbral en el importe neto de la cifra de negocios que posibilita acogerse al régimen especial de las entidades de reducida dimensión. La principal ventaja de este régimen es la sujeción a un tipo impositivo reducido del 25%, frente al 30% del tipo general. Se estima que 40.000 empresas podrán acogerse a estas nuevas ventajas, y supondrá una reducción de los ingresos para el Estado de unos 230 millones de euros durante el próximo año.

La inflación pasa factura 
Mientras tanto, la inflación retoma su ritmo más normal después de los dolores de cabeza que dio durante 2009, ante el riesgo de entrar en deflación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en España, alcanzó en octubre un 2,3% interanual, su nivel más alto desde noviembre de 2008 (2,4%), mes que marcó el inicio de la recesión económica. Desde septiembre de 2009 el IPC calculado en datos armonizados con las estadísticas europeas, no ha dejado de crecer –salvo tres casos puntuales de reducción de la inflación registrados en febrero (0,9%), junio (1,5%), y agosto (1,8%)–, afectado especialmente por un alza de los precios del petróleo. En noviembre de 2009, la inflación era sólo del 0,4% tras un periodo de ocho meses de caída de precios debido a la crisis económica.

Parece claro que, con los datos del hundimiento del consumo, esta vuelta a la normalidad de la inflación aparte de al encarecimiento de los productos energéticos, tiene su origen de forma particular en la subida del IVA. No obstante, la normalización de la inflación va a pasar una inesperada factura al Gobierno, valorada en unos 3.000 millones de euros por el incremento extra de las pensiones. La estimación que se había hecho en enero, del 1%, se ha más que duplicado, por lo que la Administración deberá compensar a los pensionistas para igualar su subida al IPC real. Eso sí, tras recibir el abono de esa compensación el 20 de enero de 2011, los pensionistas verán congelada su pensión durante el resto del año.

¿Qué podemos esperar de 2011? 
En principio, los grandes organismos internacionales coinciden en apuntar un cambio de tendencia general en España a partir del próximo año. Si confiamos en las previsiones no ya del Gobierno, sino de la OCDE, el FMI y la Comisión Europea, podríamos garantizar que nuestra economía crecerá en 2011 entre el 0,7% que estiman tanto el FMI como la UE, y el 0,9%, que prevé la OCDE, sin llegar al 1,3% de previsión oficial del Ejecutivo. No es mal dato si tenemos en cuenta el cierre de 2010 entre el 0,2% y el 0,3% negativo, y aún mejor si lo contextualizamos en una senda de crecimiento que apunta a que en 2012 se pueda alcanzar el 1,7% según la UE o el 1,8% según la OCDE, rozando ya el nivel de la media de la UE (2%).

Sin embargo, para que el crecimiento tenga un efecto significativo sobre el desempleo, habrá que esperar todavía un año más, si bien se estima que 2011 pueda marcar un punto de inflexión: según la OCDE, el paro pasaría del 19,8% en 2010 al 19,1% en 2011 para ya comenzar a descender en 2012 (con un 17,4%); el Fondo Monetario Internacional, por su parte, reduce el desempleo del 19,9% en 2010 al 19,3% en 2011. Estos datos siguen suponiendo el nivel más elevado entre las economías avanzadas: el FMI advierte que “en España el desempleo no está mostrando signos de mejoría debido a las rigideces del mercado laboral y el colapso de la construcción”.
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En lo que respecta al déficit público, la variable que más ha preocupado en el cierre del año, también hay cierta coincidencia en que podemos esperar una contención desde el 9,2% del PIB en 2010 al 6,3% en 2011 y el 4,4% en 2012, según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Estamos viviendo un proceso de recuperación que tomará más tiempo del inicialmente previsto”, ha señalado su secretario general, Ángel Gurría, al presentar estas cifras en noviembre de 2010.

Aunque es verdad que tanto el FMI como la OCDE han elogiado las medidas aprobadas por el Gobierno en cuanto a ajuste fiscal y reforma laboral, además de la reforma de las pensiones que se acometerá en 2011, lo cierto es que va a ser imposible salir del agujero en el que estamos metidos manteniendo el modelo que nos está llevando año tras año a perder competitividad respecto a otros países. Si en 2008 España ocupaba el puesto 29 en el ranking del Foro de Davos de países más competitivos, dos años después estamos en el lugar 42 (de un total de 139), por detrás de países como Túnez, Omán o Tailandia, por poner algunos ejemplos. Probablemente no tenga poco que ver en este retroceso la caída del gasto en I+D, del 0,8% en 2009, según datos del INE, una partida que crecía ininterrumpidamente desde la década de los ochenta.

Los problemas de la economía son estructurales, no coyunturales, como se empeñan a menudo en mantener desde el Gobierno. La buena marcha de economías como la de Estados Unidos o la de Alemania es evidente que nos favorece, pero los expertos coinciden en que es necesario acometer un cambio de modelo basado en una apuesta por los bienes y servicios de calidad, y por tanto por la inversión en investigación y desarrollo, que en un mercado laboral flexible, sea capaz de hacer más competitivas a nuestras empresas, crear por fin empleo, reactivar el consumo y hacer crecer la economía. Eso sí, probablemente no se podrán sacar adelante las bases de la competitividad global que el país necesita sin pactos de Estado y por tanto sin que los políticos aparquen rancios partidismos.