En esta ocasión Computing reunió a Ángel Luis Sánchez- García, Jefe de Servicio de Arquitectura, Normalización e Integración del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS); Guzmán Garmendia Pérez, director general de Gobierno Abierto de Tecnologías del Gobierno de Navarra; y Pilar Rodríguez Fernández, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid. Tres ámbitos como la Justicia, Sanidad o el Gobierno Foral con sus particularidades e idiosincrasia que permiten trazar un relato de una realidad tergiversada por los diferentes intereses políticos y por la falta de un liderazgo a la hora de afrontar una estrategia común en torno al uso de las tecnologías. Algo en lo que se empieza a trabajar como veremos más adelante.
Servicio Madrileño de Salud
El Servicio Madrileño de Salud está reconocido a nivel mundial y europeo como el más avanzado por sus sistemas de información; de eso se enorgullece Ángel Luis Sánchez-García, para quien el reto en este panorama de crisis se mantiene en conseguir altos niveles de satisfacción del usuario. “Nuestras encuestas apuntan un grado de satisfacción por encima del 90%. Nos sentimos orgullosos desde que apostamos por la estandarización y la normalización haciendo uso de todas las tecnologías que nos permiten que nuestros sistemas sean sostenibles”. Uno de los movimientos estratégicos que ha acometido esta institución es la consolidación de su centro de proceso de datos. “Hemos abierto hace unos meses un CPD grande en el Hospital Doce de Octubre.
Hemos cambiado la arquitectura de un centro tradicional (principal y de respaldo) a un CPD activo/activo, con el fin de consolidar el almacenamiento, virtualizar todas las aplicaciones y minimizar el impacto en caso de contingencia”. Y es que los sistemas sanitarios del SERMAS son cada vez más exigentes, “hace cinco años los sistemas críticos no superaban la decena, en la actualidad contamos con 70 sistemas que están considerados críticos 24×7. Se ha puesto en marcha un proceso de consolidación con el fin de que el sistema sea sostenible”, ilustra Ángel Luis Sánchez-García. Otra iniciativa clave del SERMAS es el Área Única, que está concentrando toda la información y aplicaciones de las gerencias, virtualizadas en el CPD central.
También se ha puesto como servicio la entrega de infraestructuras para su propio centro de datos. Gracias al Plan Avanza y con la ayuda del Ministerio de Sanidad y red.es, el Sermas está abordando procesos de transformación de los hospitales tradicionales, con el fin de implementar una plataforma común en todos ellos: consolidación, mantenimiento de equipos de bajo coste, arquitectura x86, Linux, Windows y virtualización de todas las aplicaciones de estos centros hospitalarios.
Ministerio de Justicia
El nivel de desarrollo tecnológico en el ámbito de la justicia no ha alcanzado los niveles tan admirados de la Sanidad. Por el contrario, como explica Pilar Rodríguez Fernández, “pese a que abordamos un proceso de modernización en 2003, tenemos la sensación de que siempre nos quedamos cortos”. A pesar del condicionante económico, Pilar Rodríguez está convencida de que el dinero no es lo más importante. “La justicia tiene competencias que confluyen en la modernización, por un lado está el Ministerio de Justicia, que tiene bajo sus faldas a bastantes comunidades autónomas, pero hay otras que utilizan diferentes aplicaciones”, explica la fiscal.
Por otra parte, está el factor humano pues hay personas reacias a cambiar para utilizar otras aplicaciones. “Los funcionarios (jueces, fiscales, etc.) nos creemos el centro del mundo, si nos pones una herramienta la queremos a medida, y además tenemos mucho poder de decisión”, se lamenta. Los fiscales dependen de la Fiscalía General, los funcionarios de las CCAA, los secretarios del Ministerio de Justicia, con lo que el ovillo se complica; para alcanzar un acuerdo sobre una herramienta hay que negociarlo durante mucho tiempo, y que luego no termine utilizándose por ser una solución cerrada. “En Justicia tenemos aplicaciones que hay que actualizar servidor por servidor. Solo en Andalucía hay 50 servidores. Esto es tremendo porque se generan distintas velocidades en la justicia en función de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Navarra hay un sistema procesal común para jueces y fiscales”. Por tanto, la fiscal considera como reto buscar la compatibilidad y “conseguir que la administración de justicia sea un servicio público como el resto; creo que vulneramos los derechos funcionales de los ciudadanos. Necesitamos que la justicia sea ágil, eficaz y transparente”.
Comunidad de Navarra
Cabe citar que Navarra se ha destacado por desarrollar la aplicación de gestión jurídica Avantius (de las ocho que hay en España) que ha sido requerida por Cantabria, y que ha obtenido el respaldo del Ministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón), quien ha señalado que podría servir para toda España. Avantius ‘compite’ con Minerva, un sistema procesal propietario que costó 100 millones de euros al Estado, cuya implantación en web resulta a todas luces imposible.
Por otro lado, El Gobierno Foral de Navarra se halla en un proceso de modernización tecnológica donde el eje central es un nuevo proceso de comunicación con los ciudadanos. “Estamos escuchando a los ciudadanos, vamos a hacer lo que ellos quieran”, asegura Guzmán Garmendia. Desde su punto de vista, “los ciudadanos están en el móvil y quieren que estemos ahí. La evolución de la Administración siempre ha ido por detrás del ciudadano y la empresa, pero con un decalaje decente. Desde 2008, con las redes sociales y la movilidad, el uso informático de la ciudadanía se ha disparado mientras que las AAPP siguen su camino.
Estamos al borde del ridículo”. Otra desazón de Guzmán proviene del hecho de que “somos cautivos de las aplicaciones. Hay que virtualizar y liberar los puestos de trabajo, liberándonos de los proveedores”. Su objetivo es que el ciudadano pueda consultar y realizar trámites a través de una tableta o por medio de un smartphone y el problema que detecta Garmendia es que “nosotros no estamos preparados”. Garmendia urge a las Administraciones a que produzcan un liderazgo y una política común creando una mesa de contratación única para todas las comunidades (proyecto que ya se ha puesto en marcha y que se lidera desde Navarra). “Queremos negociar con los proveedores bajo un marco fijado por la Administración General del Estado, y al que se puedan adherir el resto de las instituciones. Los precios no pueden ser diferentes en un lugar u otro”, alega. Otros criterios por los que aboga son la reutilización, un cambio en la voluntad política y un liderazgo. “Necesitamos caballos, no carrozas. Sin líderes que empujen va a ser imposible. Los directores generales son los más indicados para asumir este rol y percibo que se lo empiezan a creer”, enfatiza Garmendia.
