Desde enero de 2015, las empresas que facturan al sector público tenían la obligatoriedad de hacerlo electrónicamente, mediante el formato facturae, a través de los puntos de entrada dispuestos por las administraciones FACe, ofrecido con carácter general por la Administración Central, y los establecidos por administraciones autonómicas y locales, en algunos casos funcionando ambos de forma simultánea.
De acuerdo con distintas fuentes de información, incluido el Ministerio de Hacienda, puede estimarse que las empresas han emitido durante 2015 cerca de 10 millones de facturas electrónicas a la Administración. Algo más del 50% habrían entrado a través del sistema FACe, al que estaban adscritas casi 8.000 entidades públicas; el resto a través de otros puntos de entrada autonómicos o locales.
Sin embargo, según ha podido constatar Esker, la transición no ha sido un camino sin obstáculos. No todas las entidades adscritas a FACe habían entrado en producción en enero de 2015, y lo han ido haciendo a lo largo del año. Otras ofrecían únicamente el punto de recepción para las e-facturas, pero no tenían operativas las unidades gestoras, tramitadoras y contables, necesarias para la gestión y el pago. Muchas empresas han tenido problemas además con la visibilidad de sus facturas al no coincidir los campos, lo que durante los primeros meses generó un importante porcentaje de facturas rechazadas, así como conflictos que terminaban resolviéndose por teléfono. Y la falta de homogeneización entre los sistemas de entrada ha generado a las empresas problemas derivados de tener que aprender y familiarizarse con distintas plataformas.
En consecuencia, los proveedores de tecnología y servicios para la factura electrónica han tenido que trabajar intensamente con sus clientes a fin de permitirles solucionar estos problemas y ayudarles a dar el salto sin traumas. En muchos ocasos, ofreciendo a las empresas hubs que permitían la conexión a los distintos sistemas a través de servicios web. A medida que las citadas anomalías se han ido subsanando o se han encontrado vías alternativas, el número de e-facturas recibidas por la Administración ha ido repuntando. Así, en julio alcanzó el mayor número desde su puesta en marcha, tendencia que se ha mantenido en los meses siguientes.
“A día de hoy, y con todos les retos superados y aún por superar, puede decirse que la nueva ley ha supuesto un importante impulso a la implantación de la factura electrónica en España. Pero es sólo un paso más. Su uso se irá extendiendo gradualmente, también en el sector privado, con la entrada en vigor nuevas regulaciones”, señala Jesús Midón, director general de Esker Ibérica. Por ejemplo, con la entrada en funcionamiento en 2017 del nuevo Sistema Inmediato de Información (SII) para la gestión del IVA Obligatorio en principio para 62.000 empresas contribuyentes en España que representan el 80% de la facturación, supondrá un salto cualitativo hacia el concepto de Contabilidad Electrónica.
